Entrevista con Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano y
realizador del documental ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa
El viernes pasado se proyectó por
primera vez en La Plata el documental ¿Dónde
está Daniel Solano? Diario de una causa, realizado por Leandro Aparicio, quien
junto con Sergio Heredia es abogado de la familia del joven desaparecido. La charla-proyección
se realizó a las 20 horas en el edificio del Rectorado de la Universidad
Nacional de La Plata, con la presencia de su realizador. Para la elaboración
del trabajo se utilizó una gran cantidad de filmaciones hechas por los propios
abogados, que aún siguen oyendo y registrando testimonios, en una causa que
crece con el correr de los meses.
“Es un caso judicial que está
filmado desde el inicio”, comentó Leandro Aparicio a Comunidad al Palo! en la víspera de la proyección. Según el abogado
bahiense, la decisión de realizar el film surgió luego de un “parate” en la
investigación judicial del caso, posterior a la detención de siete policías.
Para los abogados de la familia Solano, la intención tanto de los gobiernos
provincial y nacional como de la justicia es que la causa finalice con la
detención de los policías, sin avanzar en el juicio a la parte empresarial, sospechada
de planificar el crimen y su encubrimiento.
Daniel Solano era un joven
guaraní que viajó 2.400 kilómetros desde la ciudad salteña de Tartagal a la
localidad de Lamarque (Río Negro) para trabajar en la cosecha de frutas,
contratado en forma tercerizada por la empresa Agrocosecha. El sábado 5 de
noviembre salió al boliche Macuba, en Choele-Choel, donde fue emboscado por un
grupo de policías. Daniel había intentado organizar a sus compañeros en reclamo
por un sueldo injusto, y desde aquella madrugada de 2011 su cuerpo permanece
desaparecido.
“El caso Solano es el embrión de
lo que se fue denunciando sobre lo que pasa en el Valle Medio”, afirmó Leandro
Aparicio. Tanto él como Sergio Heredia están convencidos de que existe una
asociación ilícita cuya finalidad es explotar a centenas de trabajadores
golondrina. “Pudimos acreditar mediante más de 350 testimonios de identidad
reservada pruebas periciales de lo que es la estafa. A Daniel Solano
Agrocosecha le robó durante un año 30 mil pesos”, comentó Aparicio.
Quienes se encontrarían en el
centro de esa trama de complicidades son los empresarios Pablo Mercado y los
hermanos Adrián y Gustavo Lapenta, dueños de Agrocosecha. A ellos se sumarían María
Cecilia Constanzo, jueza de Faltas de
Lamarque y asesora legal de la Delegación de Trabajo de Choele-Choel, y Marisa
Bosco, la primera jueza de la causa, señalada por los abogados como la principal encubridora
del crimen de Solano. Según Aparicio, en el juzgado de Bosco “había 179
denuncias de apremios ilegales que estaban cajoneadas y que no habían sido
tocadas en los últimos cinco años”.
María Cecilia Constanzo fue la
abogada puesta por Agrocosecha para representar a la familia de Daniel, cuando se
intentó imponer la idea de que el joven se había ido de viaje a Neuquén, hasta
que la comunidad de Tartagal le solicitó la defensa a Heredia. “Descubrimos que
estaba asociada a esta mafia delictiva”, explicó sobre esto Sergio Heredia a Comunidad al Palo!.
En la misma línea, Aparicio
mencionó a otros integrantes de las fuerzas policiales “como son el comisario
Aramendi, el comisario Parra y los policías Vega, Chazarreta e Irusta”, quienes
también estarían involucrados en los hechos, y concluyó que “por lo menos nueve
personas más tienen que estar detenidas por los delitos que han cometido”. También agregó que “hay otros dos desaparecidos más que entran en relación con
esa misma empresa y con esta causa”. Se trata del jujeño Héctor Villagrán y el
paraguayo Pedro Cabañas Cuba, cuyas desapariciones se produjeron en diciembre
de 2011 y febrero de 2012, respectivamente.
Continuidad
Actualmente la causa está en
manos de un juez subrogante, Julio Martinez Vivot, con quien Gualberto y Pablo
Solano –padre y tío de Daniel– tuvieron una audiencia el jueves pasado. Martínez Vivot tiene a cargo un juzgado en la
ciudad de General Roca y, al mismo tiempo, tiene que atender las causas que se
encuentran en el juzgado de Choele-Choel, por lo que la familia de Solano le solicitó
una mayor atención a este caso.
Según informó el propio Aparicio, desde el gobierno provincial les habían prometido "que iban a mandar personal para poder avanzar", y concluyó: "Avanzar en lo que corresponde al Estado, lo que es la investigación ya está todo hecho".
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