Entrevista a María del
Carmen Verdú, abogada e integrante de la Coordinadora
contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)
La Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (CORREPI) presentó el viernes 29 de noviembre su Informe anual sobre la situación represiva
en Argentina, en un acto realizado en Plaza de Mayo. El trabajo reveló que
desde la recuperación democrática en diciembre de 1983 hasta fines de noviembre
de 2013 hubo 4011 personas asesinadas por el aparato represivo estatal.
“Es una
herramienta necesaria para todas las organizaciones y los militantes porque nos
permite evaluar con qué metodología se reprime en nuestro país”, dijo en Comunidad al Palo! María del Carmen
Verdú, abogada e integrante de CORREPI,
aunque señaló que el informe es “una radiografía indudablemente incompleta”
porque “nunca llega a cubrir la totalidad de los casos”.
Verdú informó
que de los 4011 hechos relevados, 2448 ocurrieron en la última década y afirmó
que eso “da la pauta de que los gobiernos constitucionales aplican diariamente
el disciplinamiento social y la represión selectiva sobre los trabajadores
organizados”.
Además de
la realización del informe, CORREPI
diseñó el sitio web Archivo de Casos,
en el que volcó los datos relevados durante las tres décadas de democracia.
Allí pueden buscarse los casos de las personas asesinadas por la represión
estatal según distintas variables, tales como año, provincia, edad, sexo y
fuerza represiva.
“Cada vez
es más difícil poder corroborar la información y encontrar datos en la prensa”,
aseveró Verdú, ya que pese a las facilidades tecnológicas y a la capacidad del
equipo de investigación del organismo “cada vez da más trabajo realizar un
seguimiento porque, una vez acallado el escándalo inicial, los casos
desaparecen por completo de los medios”. Por tal motivo, destacó el trabajo de
las organizaciones antirrepresivas y de quienes facilitan datos sobre lo que
sucede en sus barrios: “La confección del archivo sería imposible sin el aporte
constante que recibimos”.
Una política de Estado
La abogada
aclaró que el aparato represivo no está representado únicamente por las fuerzas
de seguridad, que son “sólo las que aprietan el gatillo”. “Tenemos que considerarlo
como la expresión concreta de la política de Estado a través de todos sus
órganos”, precisó; en esa línea, sostuvo que la responsabilidad por los casos
de gatillo fácil, los asesinatos en las cárceles y las desapariciones, entre
otras modalidades represivas, es de los tres poderes republicanos.
“Al lado
del Poder Ejecutivo, que maneja el aparato represivo de uniforme, y del
Judicial, que son los represores de traje y corbata con el Código bajo el
brazo, está el Legislativo, que dota a los jueces y a las fuerzas de seguridad
de la normativa que legitima la represión”, explicó Verdú. En relación a esto
último, apuntó contra las figuras legales creadas para reprimir la protesta
social –como la Ley Antiterrorista sancionada en 2007– y las leyes que impiden
a los sectores vulnerables la obtención del beneficio de la excarcelación y la
posibilidad de acceder a la legítima defensa en un juicio justo.
El rol de los medios
Verdú
aseguró que los medios de comunicación que reproducen el discurso dominante
también actúan como legitimadores del accionar represivo ya que delimitan la
agenda de discusión social y estigmatizan a los sectores pobres. “Si bien no
siempre logran decirte cómo tenés que pensar, sí logran decirte sobre qué tenés
que pensar”, remarcó, mientras que criticó a los medios que “hacen propio el
discurso de lo que llaman opinión pública,
que en realidad es opinión publicada”.
“Si le
vamos a creer a los medios –opinó–, el origen de todos nuestros males está en
la existencia de criaturas de 14, 15 o 16 años que son los que aterrorizan a la
población y que si los extermináramos a todos viviríamos muy tranquilos y felices”.
Asimismo,
la abogada advirtió que ciertas construcciones periodísticas tergiversan la
información y estigmatizan a determinados actores sociales. Entre otros
ejemplos, mencionó el uso de la frase “confuso episodio” para hablar de casos
de gatillo fácil y de la palabra “menores” para referirse a los chicos pobres
que delinquen. “El lenguaje nos atraviesa y hay muchos términos que nos ganan
sin que nos demos cuenta; por eso insistimos en resistir esos lugares comunes”,
concluyó.
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