Vecinos de diferentes localidades de Chubut organizados en la
Unión de Asambleas Chubutenses presentaron un proyecto de ley provincial que
busca mejorar la regulación de la actividad minera. Lo hicieron a través de un
procedimiento denominado “iniciativa popular” utilizado por primera vez en la
historia de la provincia y para el cual debieron reunir la cantidad de firmas
equivalente al 3 por ciento del padrón electoral. El proyecto de ley ingresó a
la legislatura a comienzos de este mes y tomó estado parlamentario para luego pasar
a comisión. La cámara de Diputados tiene 180 días para expedirse sobre el
mismo.
Las distintas asambleas y foros socio ambientales que
integran la Unión de Asambleas Chubutenses presentaron un proyecto de ley
provincial para ampliar las prohibiciones de la Ley 5001, actualmente vigente,
que prohíbe el uso de cianuro. El proyecto ciudadano que los diputados de esa
provincia tendrán que tratar en seis meses busca prohibir el uso de otros trece
químicos “y toda otra sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa”.
Según el texto ingresado con expediente N° 075/14 también se
busca impedir “la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares
tales como el uranio y el torio” y extender las prohibiciones a todas las
etapas de la actividad minera (cateo, prospección, exploración, desarrollo,
preparación, extracción, explotación y almacenamiento de sustancias
minerales). El proyecto ya tiene estado parlamentario y entró a la
comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la cámara de Diputados, y se
prevé que también pase por otras dos comisiones. Los vecinos que presentaron la
iniciativa adelantaron que en estos días comenzarán una ronda de entrevistas
con los legisladores.
El derecho de iniciativa popular es un mecanismo de
democracia semidirecta establecido en la constitución provincial chubutense a
partir de su reforma en 1994. Según el artículo 263 de esa norma, todo grupo
de ciudadanos que iguale o supere el tres por ciento del padrón
electoral puede presentar proyectos de ley para el tratamiento en la
Legislatura, que debe considerarlo en el término de seis meses a partir de
su presentación.
Derecho a decidir
Zulma Usqueda es vecina de Comodoro Rivadavia y –en tanto
integrante del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP)– una de las
protagonistas de esta iniciativa popular. Considera que más allá del hecho de
que la megaminería contamina, el eje de la cuestión pasa por el derecho de los
pueblos a elegir cómo quieren vivir. “El problema es la autodeterminación de
los pueblos, quiénes son los que deciden realmente si un emprendimiento se va a
instalar en el lugar donde uno vive y de qué manera lo va a hacer; es una
decisión que tiene que tomar la gente, pero no que te lo impongan porque lo
decidieron los funcionarios o porque vino una empresa extranjera”, expresó en
diálogo con Comunidad al Palo!.
La asambleísta también opinó que las localidades en las que
hay emprendimientos de explotación minera y/o petrolera son “zonas de
sacrificio”, enfatizando que nadie le consulta a esas poblaciones si están
dispuestas a vivir en esas condiciones. “Es lo que planteamos los pueblos
afectados: somos una zona de sacrificio, pero ¿para el bienestar de quién? ¿Para
que la plata salga por dónde? ¿A qué países?”, cuestionó.
La posición que adoptan las diversas fuerzas que integran la
clase política ocupa un rol central en el abordaje de la problemática ambiental
desde el punto de vista del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es
que los mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa popular, lejos
de ser un recurso común son más bien expresiones aisladas y poco recurrentes. En ese sentido, la integrante del Foro Ambiental y Social opinó
que la mayoría de los partidos políticos dicen oponerse a los proyectos
destructivos pero finalmente avalan las medidas que les abren paso, y que “opositores
en serio hoy por hoy son las asambleas que hay a lo largo del país”.
Tejiendo redes
La actual organización ciudadana en la Patagonia tuvo su
inicio a raíz del plebiscito realizado en Esquel en 2003, en el que el 82 por
ciento de la población se manifestó en contra de la instalación de un
emprendimiento minero de oro y plata a pocos kilómetros de esa ciudad.
Según relató Usqueda, “el movimiento que nació en Esquel
luego se reprodujo en distintas ciudades”. De esta manera en 2008 se realizó un
encuentro en Comodoro Rivadavia entre vecinos de pueblos afectados por la
explotación minera en distintas provincias, en el que se conformó el Foro
Ambiental y Social. En los meses que siguieron tomaron forma nuevos foros en
otros puntos de la provincia como Trelew, Puerto Madryn, la zona de la meseta y
Rawson.
“Todos comenzamos queriendo informar a los vecinos sobre las
consecuencias de la megaminería y tratando de aunar acciones conjuntas”, expresó
Usqueda. Así fue que se conformaron como como la Unión de Asambleas Chubutenses,
que luego pasó a integrar una red más amplia, la Unión de Asambleas
Patagónicas, en la que participan organizaciones de Neuquén, Río Negro, Chubut
y más recientemente Santa Cruz.
Entrevista a Zulma Usqueda, integrante del Foro Ambiental y Social de la Patagonia.